Empresas del segmento LGBTI+ participaron en evento de marketing y turismo más grande de América Latina

Evento reunió en Buenos Aires a más de 1700 asistentes de 16 países para generar nuevas alianzas y negocios. Accor junto a otras empresas orientadas al segmento presentaron su manual de reclutamiento LBTI+, como parte de su política de inclusión y diversidad.

Una activa participación tuvo Accor hoteles en la última versión de GNetwork 2019, el evento de marketing y turismo LGBTI+ (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales,Intersexuales y otros) más grande de América Latina que este año se realizó entre el 30 de julio y el 2 de agosto en Buenos Aires, Argentina.

La vicepresidente de Comunicaciones y CSR de Accor América del Sur, Antonietta Varlese y el representante de ventas y marketing del hotel Palladio de Buenos Aires de la cadena Accor, Ariel Prerovsky, participaron como expositores del encuentro, en el que dieron a conocer el programa de inclusión y diversidad Feel Welcome.

Además, Accor lanzó en este marco su manual de selección de talentos LGBTI+ y un programa de entrenamiento dirigido a gerentes de los hoteles y responsables de “Talento y Cultura”, para inspirarlos a actuar de manera inclusiva, ofreciendo prácticas concretas y conceptos básicos que faciliten el proceso de selección de profesionales LGBTI+.

“El reclutamiento y selección de los candidatos debe basarse en motivos profesionales y no en criterios discriminatorios como religión, edad, género, opiniones políticas, origen étnico, afiliación sindical, etc. Además, cualquier legislación local a favor de la diversidad y de la igualdad de oportunidades debe ser respetada”, explicitó Antonietta Varlese, VP de Comunicaciones y CSR, Accor América del Sur.

GNetwork reúne a más de 1700 asistentes de 16 países durante cuatro días de actividades que incluyen talleres, presentaciones, conferencias y ferias de negocios, destinados a generar nuevas alianzas y redes Business-to-Business entre empresas orientadas al segmento LGBTI+.

La convocatoria está dirigida a representantes del sector público y a líderes de empresas que actualmente dedican una parte de su estrategia comercial a la Comunidad LGBTI+ para encontrarse con el objetivo común de compartir experiencias exitosas sobre las últimas tendencias.

Algo que en el sector turístico adquiere vital importancia si consideramos que el segmento LGBTI+ mueve más del 3% del volumen de personas a nivel mundial y representa un 15% del gasto turístico total. De los 1.200 millones de viajeros internacionales que hubo el 2016, 36 millones habrían pertenecido a este colectivo, según el segundo reporte Segundo Reporte Global en Turismo LGBTI de la Organización Mundial del Turismo (OMT) e IGLTA. Esta última asociación incluso señala que los consumidores de este segmento viajan tres veces más por año, se quedan más tiempo en los destinos y tienen un gasto promedio tres veces más alto que el de una familia heterosexual.

De esta manera, el turismo gay representaría uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mundo, aumentando anualmente un 10.3%, muy por encima del 4,7% de la industria en general.

ACCOR y la Diversidad

Accor está comprometida con la diversidad, promoviendo el respeto por el trato individual e igualitario de sus colaboradores y con todos los públicos con los que se relaciona.

El 2017, la cadena hotelera de origen francés, constituyó en Brasil un Comité LGBTI+ para promover un ambiente de trabajo inclusivo y acogedor. Además, se convirtió en la primera empresa de la industria hotelera en sumarse al Foro de Empresas LGBTI+, haciendo propia la Carta de Adhesión a los 10 Compromisos de la Empresa con los Derechos LGBTI+.

Un año más tarde lanzó la guía “Compromiso con la Diversidad” para los huéspedes de este segmento y un “Manual de reclutamiento y selección LGBTI+”, donde se indica que este proceso debe basarse en criterios profesionales y no discriminatorios, respetándose cualquier legislación local en favor de la diversidad y la igualdad de oportunidades. En este periodo fue distinguido por la cámara LGBTI+ de Comercio y Turismo de Brasil, durante la 11ª Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTI+ realizado en la Ciudad de Buenos Aires.

En Argentina, en tanto, Accor presentó a inicios de este año, a Ariel Prerovsky, Gerente de Marketing y Ventas de Palladio Hotel Buenos Aires, MGallery by Sofitel, como su embajador LGBTI+, haciéndolo responsable en ese país de la estrategia y la vocería de la empresa, en relación a este tema.

Finalmente, el hito de inclusión más reciente, tuvo lugar en Chile. En mayo, la empresa hotelera ingresó formalmente a Pride Connection, convirtiéndose en la primera multinacional de la industria en adherir a esta iniciativa.

 

Los Compromisos LGBT+ de Accor

  1. 1. Involucrar el liderazgo y los ejecutivos en EL respeto y los derechos LGBT+.
  2. 2. Promover la igualdad de oportunidades y tratamiento justo a las personas LGBT+.
  3. 3. Tener un ambiente respetuoso, seguro y saludable para las personas LGBT+.
  4. 4. Sensibilizar y educar para el respeto a los derechos LGBT+.
  5. 5. Estimular y apoyar la creación de grupos de afinidades LGBT+.
  6. 6. Garantizar el respeto a los derechos LGBT+ en la planificación de productos, servicios y atención a clientes.
  7. 7. Implementar acciones de desarrollo profesional de personas del segmento LGBT+.
  8. 8. Promover el desarrollo económico y social de las personas LGBT+ en la cadena de valor.

Consumidores engañados: principales usuarios de los consultorios jurídicos en Colombia

Gracias a su trabajo continuo por más de 46 años, el consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia, se convierte en uno de los más solicitados del país con un promedio de 8.520 que acuden a su servicio de asesoría jurídica gratuita, cada año.consum

Este, al igual que los 70 consultorios pertenecientes a las universidades afiliadas a la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, registra en los últimos 12 meses un volumen creciente de casos de abuso por parte de los comerciantes con sus clientes.

Aunque, según el último Censo Delictivo de la Fiscalía se indica que con 23.331 denuncias en el período del 01 de enero al 03 de mayo de 2017, la inasistencia alimentaria es el delito con mayor cantidad de denuncias en el país, y este, a su vez, es uno de los casos más cotidianos en los consultorios jurídicos. Se observa un volumen inusual de consultas de consumidores que buscan una protección de sus derechos frente a comerciantes inescrupulosos.

Según Wilson García Jaramillo, director del Consultorio Jurídico de la Universidad La Gran Colombia, “en el último año hemos atendido 165 casos de abuso que ejercen los comerciantes, aprovechándose de la posición de desventaja del consumidor y desconocedor de la normatividad para defender sus derechos. Esta cifra aumentó en un 111% respecto al año anterior.

En una semana, este consultorio jurídico, llega a atender más de 10 casos de este tipo, que inevitablemente afectan el bolsillo de los ciudadanos de bajos recursos, “para quienes resulta dramático, dadas las condiciones económicas del país, recuperar sus bienes que tanto les han costado conseguir y que, incluso, tienen que seguir pagando por cuotas sin poderlos disfrutar”, asegura García.

Dentro de los casos más corrientes que se presentan en este consultorio, se encuentran en su orden:

  1. La prestación de los servicios públicos domiciliarios, centrados en las irregularidades, en el cobro desproporcionado y en la intermitencia del servicio.
  2. Las controversias relacionadas con la telefonía celular que incluyen los cobros por servicios no recibidos a satisfacción, las cláusulas de permanencia y la incorporación en planes y servicios adicionales inconsultos pero que son cobrados en la facturación.
  3. Los bienes que se adquieren para uso del hogar, como electrodomésticos y muebles; fundamentalmente con temas de garantía. Pareciera que al comerciante no le interesa el cliente. Su actuar envolvente hace que el consumidor sea convencido de comprar el producto, que finalmente muchas veces resulta ser contrario a la expectativa del consumidor.
  4. Los servicios educativos. Principalmente con los cursos de inglés que se ofrecen en centros comerciales o por la calle; lo mismo ocurre con los cursos de belleza, cuyos comercializadores se aprovechan de la necesidad del consumidor de estos servicios sin obtener los resultados que esperados.
  5. Algunas empresas que ofrecen planes turísticos o vacacionales, incumplen y no prestan el servicio que corresponde con el plan. Fundamentalmente, son planes “todo incluido”, que terminan jugando con los sentimientos y expectativas del consumidor y de su familia, quienes ahorran todo un año o piden préstamos para disfrutar de unas inolvidables vacaciones y se encuentran con un pésimo servicio.
  6. La reparación de electrodomésticos, el incumplimiento del servicio técnico, donde los ciudadanos contratan el arreglo de sus bienes de hogar, cobrándoles por repuestos que no instalan y que finalmente terminan perdiendo su bien.
  7. Así mismo, la Universidad La Gran Colombia proyecta, dentro de las líneas de acción de su consultorio jurídico, capacitar a los comerciantes, comenzando por la localidad de La Candelaria, a través de un convenio con esta Alcaldía, buscando que el comerciante formal se convenza de la importancia de responder por los bienes y servicios que ofrecen a los consumidores y que trae como consecuencia el crecimiento de su negocio.

“Somos una comunidad protectora de los niños y las niñas”: FUMC

La Fundación Universitaria María Cano FUMC, como integrante de la Red Interuniversitaria Buen Comienzo, se declaró una comunidad protectora de la primera infancia que velará y protegerá los derechos de los niños y niñas.

FUMCDe acuerdo a las políticas sociales de primera infancia, niñez y adolescencia, una comunidad protectora es el conjunto de personas e instituciones que desarrolla acciones orientadas al cuidado y protección de los niños; trabajando constantemente en el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y habilidades como actores sociales, es decir, como sujetos que pueden tomar decisiones y actuar conjuntamente, para definir compromisos y diseñar acciones concretas en torno a la protección de los niños.

Desde este referente la Fundación Universitaria María Cano como actor social que interviene y hace presencia en la sociedad, se vincula como una comunidad educativa que promueve espacios para la sensibilización y movilización ayudando al cuidado, atención, protección e implementación de jornadas de reflexión y comprensión de lo que significa dar sentido a la infancia.

“Somos una comunidad protectora de la primera infancia”, así se declaró la FUMC en acto solemne desarrollado recientemente en la ciudad de Medellín con presencia del Secretario de Educación del Municipio de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal y la comunidad académica, quienes recibieron la conferencia Comunidades Protectoras dictada por el Mentor pedagógico de la Secretaría, Juan Felipe Calle.

YoReclamo.co, la nueva plataforma digital para hacer valer los derechos de los consumidores

yoreclamoHacer valer los derechos de los consumidores e incrementar las probabilidades de éxito en sus reclamaciones para los temas relacionados con la calidad y garantía de productos o servicios, así como la prestación y facturación de los servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones, es el objetivo con el que YoReclamo.co llega al país como una nueva alternativa para proteger y atender las peticiones, quejas o recursos que tienen los ciudadanos.

Para hacer una reclamación por la compra -ya sea presencial o por internet- de cualquier mercancía o hacer una solicitud después de comer en un restaurante, para solicitar la reparación de un producto, hacer algún requerimiento tras salir de vacaciones o simplemente para instaurar una petición por ser usuario de cualquier servicio público domiciliario como agua, luz, gas, televisión o telefonía celular, entre otros,  los usuarios podrán acceder a YoReclamo.co y solicitar la asesoría o acompañamiento de un abogado experto sin la necesidad de crear una cuenta o adquirir un plan ya que es un servicio por demanda que estará cerca de los usuarios para cuando lo necesiten.

En esta nueva plataforma, las personas podrán ejercer su derecho al consumidor de forma rápida, sencilla y con la asesoría de expertos que a través de un lenguaje fácil de comprender, harán valer sus derechos con ventajas significativas como ahorrar tiempo, reducir gastos por desplazamientos y saber desde el inicio cuál es precio del servicio, eliminando así; las barreras que no les permitían a los usuarios hacer uso de los mecanismos legales para reclamar ante las diferentes entidades.

Solo durante el 2014, el sector de los servicios públicos domiciliarios registró 91.502 trámites efectuados por los usuarios y hasta el segundo trimestre de 2015, la cifra ya alcanzaba los 54.817 casos. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, durante este año el sector energético ha sido el que más procesos de reclamación ha recibido, representando el 52% del total de los casos, seguido por solicitudes realizadas ante empresas de acueducto con un 25%; y servicios de aseo con el 18% de las solicitudes.

“En muchas oportunidades los usuarios no saben cómo adelantar adecuadamente los trámites de reclamación o no tienen el tiempo necesario para ello, por lo que una gran cantidad de las reclamaciones no llegan a tener finales satisfactorios para los consumidores. Con este novedoso servicio buscamos acercar a los usuarios a los sistemas de reclamación y promover los derechos del consumidor haciendo uso de las nuevas tecnologías; en otras palabras, queremos hacer más fácil la vida de las personas a través de una asesoría legal cualificada y muy económica”, afirma Paola Alfonso Segura, directora ejecutiva de YoReclamo.co.

La plataforma se encuentra disponible para cualquier dispositivo (computador, tableta, teléfono) que cuente con un navegador y acceso a internet. Su funcionamiento y uso es muy sencillo, los usuarios solo deben ingresar a www.YoReclamo.co elegir el servicio que se desea contratar entre las opciones que están disponibles, diligenciar el formulario de servicio y efectuar el pago. Una vez el pago es confirmado por la empresa, el caso es asignado a un abogado especialista de la plataforma quien se encarga de contactar al usuario y adelantar todo el proceso ante la entidad o responsable correspondiente.

“Para acceder a nuestro portafolio de servicios no es necesario crear una cuenta ni adquirir un plan, paquete o membresía; es un servicio personalizado por demanda que busca estar cerca del cliente, cuando este lo necesite y sin necesidad de pedir citas previas. YoReclamo.co es una plataforma segura disponible en computadores, tabletas y celulares donde el manejo de la información personal así como las transacciones y procedimiento son 100% confidenciales. Además contamos con el respaldo de Pay-U, la más moderna y segura red de pagos del mercado”, puntualizó Alfonso Segura.

yoreclamo_coPor otra parte, entre algunos de los temas que son objeto de control por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio como el servicio de telecomunicaciones, según el Informe  de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, se resolvieron por la entidad 36.086 recursos de apelación frente a 18.232 del periodo inmediatamente anterior, lo cual se traduce en un incremento del 98%, siendo los temas más recurrentes a la hora de sancionar a los prestadores la no atención de peticiones, quejas y recursos, la facturación y cobro de contenidos no autorizados y la infracción a las normas relacionadas con la calidad en la atención al usuario.

YoReclamo.co es la única plataforma de asesoría jurídica exclusiva en materia de reclamos por bienes y servicios en Colombia que acerca el ejercicio del derecho y lo hace más accesible todos los consumidores para reclamar adecuadamente y de forma más efectiva. Además, la plataforma se ajusta a las necesidades de los usuarios que están ligadas al ritmo de vida, la escasez de tiempo y la implementación de las nuevas tecnologías.

Muchos han argumentado que la presentación del proyecto obedece a la protección de intereses de la industria de contenidos en Internet y a una imposición norteamericana con ocasión de la discusión del Tratado de Libre Comercio.

“Ley Lleras”: ¿heroína o villana?


POR: DANIEL FERNANDO POLANÍA
@danielfpolania

La idea original de la popular “Ley Lleras” está encaminada a proteger la propiedad intelectual a nivel internacional, ayudando a prevenir la falsificación de productos y marcas, al igual que su uso indebido en la web.
Esta ley también busca proteger las patentes así como legalizar el tráfico de música, obras escritas, fotográficas y en general hacer cumplir las leyes internacionales de derechos de autor. La ley busca darle mayor libertad a los jueces para llevar a la cárcel o bloquear las páginas de los piratas que utilicen Internet en pro de usufructuarse económicamente de obras protegidas por derechos de autor. Como castigo, el proyecto legislativo contempla penas entre los cuatro y ocho años de cárcel y multas de 26.66 a 1.000 salarios mínimos para los delitos de violación a los derechos de autor y derechos conexos.

Los defensores y ponentes de esta ley aducen que el proyecto no está diseñado para censurar la libertad de expresión y no obliga a los proveedores de Servicio de Internet (ISP) a espiar el contenido de sus usuarios en búsqueda de descargas ilegales; por el contrario aducen que la ley está encaminada en exclusiva a combatir a quienes roban derechos de autor con ánimo de lucro.

Eso abrió un espacio para la infracción de derechos de autor sin precedentes; incluso ha llegado a pronosticarse la desaparición de la industria discográfica o por lo menos como la conocemos.

“La iniciativa legal, denominada como ‘Ley Lleras’, trae a Colombia un tema que no es novedoso en el contexto internacional. Recientemente España, Chile, Francia, por mencionar sólo los casos más sonados, han adoptado leyes en esta materia, cada una con enfoques diferentes, pero orientadas todas al establecimiento de un mecanismo que contribuya a la protección de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual en Internet y estableciendo claramente las situaciones en las cuales el ISP es liberado de responsabilidad, generando un adecuado equilibrio entre el respeto a la propiedad Intelectual y la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Consideramos entonces, que esta ley es necesaria para poder garantizar el respeto por la propiedad intelectual y de esta manera promover la innovación y el crecimiento económico del país”, señala Jimena Mora, directora de Asuntos de Propiedad Intelectual de Microsoft Colombia.

“Es falso que a la persona que baje o suba información de Internet lo van a meter a la cárcel, por eso se eliminó del proyecto el artículo que amenazaba con penalizar a los usuarios; la ley castiga a quien baje información que esté registrada en propiedad intelectual y reciba dinero por esto”, manifestó el senador Roy Barreras.
Por su parte, Andrés Hoyos, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en un especial para la revista Semana afirmó que “es legítimo y necesario que un Estado dicte medidas para proteger los derechos de autor. Lo que busca este proyecto es razonable: que sólo se penalice a quienes se lucran de algo protegido bajo esta figura. La que hay que reformar es la Ley de Derechos de Autor. Es absurdo, por ejemplo, que haya que pagar derechos para citar una canción completa en un libro”.

Entre las dudas que surgen acerca de la implantación de dicha ley está la suerte que tendrían las personas que utilicen material no autorizado pero sin ánimo de lucro económico, en este caso la persona involucrada asumiría responsabilidad civil, pero no penal. “El portal puede retransmitir eventos deportivos, noticiosos o culturales y vender publicidad siempre y cuando no esté tomando contenido creativo que sea considerado propiedad personal de un autor. Compartir información no podrá penalizarse porque de hacerlo caeríamos en los terrenos de la censura. Las páginas tendrán derecho a tener publicidad en su página, pero no tendrán derecho a cobrar por bajar o compartir por un contenido que sea ajeno”, argumenta el senador Roy Barreras.
Sobre la problemática que esta ley podría causar a los usuarios de redes sociales como Facebook o Twitter, se aclara que estos no podrán ser sancionados ni penal ni civilmente, ya que dichas redes sólo permiten tomar links de otras páginas y en ellas no es posible cobrar por acceder al contenido.

El papel de los ISP

A diferencia de lo que se cree, los ISP no serán los policías de esta ley, los usuarios serán los que reporten y comprueben que algún particular ha violado sus derechos de autor y está beneficiándose económicamente de ellos; la empresa prestadora de servicios de Internet, llámese ETB, UNE, Telefónica etc., tienen la obligación, después de comprobar que sí se está cometiendo algún ilícito, de informar al infractor y darle 72 horas para corregir su error, de lo contrario deberá deshabilitar al usuario infractor y pasar el caso a los estrados judiciales.

Sobre este aspecto también se ha generado gran polémica por desconocer la imparcialidad y el análisis jurídico que los ISP puedan tener, ya que estos no son órganos jurídicos y los contradictores no consideran buena idea darle poder judicial a empresas privadas. Si el afectado desea un castigo más severo o el presunto victimario desea comprobar su inocencia, el caso deberá ser resuelto por un juez, quien se encargará de determinar si se cometió una injusticia o por el contrario el usuario infractor es merecedor a un castigo más severo. Sobre el papel que jugarán los jueces a la hora de resolver los pleitos de derechos de autor en Internet, se cierne la duda sobre la capacidad del ente judicial, tanto en infraestructura como en conocimiento de la misma, pues algunos divisan en el futuro una montaña de demandas, algunas justas y otras producto del desconocimiento, que a la postre saturaría el ya saturado sistema judicial colombiano.

Puntos clave a saber

Muchos han argumentado que la presentación del proyecto obedece a la protección de intereses de la industria de contenidos en Internet y a una imposición norteamericana con ocasión de la discusión del Tratado de Libre Comercio.

La Dirección Nacional de Derechos de Autor publicó en su portal las respuestas a algunas preguntas que podrían servir a la hora de aclarar las principales dudas sobre la “ley lleras”, M2M se permite citarlas para que los lectores conozcan esta valiosa guía.

¿Se acabará con la neutralidad de la red?
Los ISP no tienen la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o refieran.

¿Se van a espiar todas las personas que usan Internet para conocer si son infractores al derecho de autor?
Los ISP no tienen la obligación de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.

¿Se sanciona a los usuarios y se exime de responsabilidad a los ISP?
No, se crean criterios de responsabilidad nuevos para usuarios y sólo se delimita la responsabilidad de los ISP, frente a infracciones al derecho de autor o conexos cometidos por terceros.

¿Los ISP tienen la obligación de retirar el material contenido en sus sistemas o redes?
El retiro del material infractor por parte de los ISP es facultativo, a menos que una autoridad judicial disponga lo contrario.

¿Habrá censura porque se podrán bloquear páginas web?
No habrá censura y no se podrán bloquear páginas web completas, solo contenidos específicos debidamente identificados como infractores al derecho de autor.

¿Los ISP retirarán arbitrariamente los contenidos alojados en sus sistemas o redes?
La ley obliga a los ISP a informar la causa de los retiros y restaurarlos en caso de que exista algún tipo de discrepancia.

¿Los jueces no conocen de Internet y lo más seguro es que decreten medidas excesivas?
Todo lo contrario, impone a los jueces la obligación de utilizar criterios de razonabilidad a la hora de decretar medidas cautelares (hoy no existen estos criterios).

¿Con estas medidas se van a ver afectadas obras puestas a disposición tanto legal como ¡ ilegalmente ! ?
Limita a los jueces para que cuando ordenen una medida cautelar o el bloqueo definitivo de algún material, no afecte los contenidos puestos a disposición legítimamente por los usuarios.

¿Van a meter a la cárcel a todos los que descarguen o compartan obras por Internet?
Sólo se castiga penalmente la puesta a disposición de obras con fines comerciales en redes informáticas, sin el permiso de los titulares.

¿Se va acabar el P2P?
Esta ley no regulará el intercambio de archivos entre usuarios en redes P2P.

Las inconformidades

La polémica que ha causado esta ley no ha sido poca, así sus defensores hayan tratado por todos los medios de explicar las bondades del proyecto no han sido pocos los que han levantado su voz de protesta. Algunos de sus argumentos son que esta iniciativa es una copia de la Ley Sinde y la Tres Strikes mexicana y que sus fines buscan resolver los problemas del mercado mediante la creación de argumentos jurídicos que van en pro de proteger los intereses de las grandes empresas generadoras de contenido cultural y noticioso.

Sobre la parte que permite a los ISP bloquear los contenidos que sean reportados como violadores de la ley, los opositores al proyecto argumentan que es preocupante que dichas entidades estén obligadas a proceder a desactivar al usuario acusado sin que antes un juez determine la efectiva violación de tales derechos.

“Este esquema conduce a una situación en la cual muchos usuarios de Internet pueden ver afectados sus derechos fundamentales o su presunción de inocencia, ya que forzaría a los prestadores de servicios de Internet a bloquear contenidos –de manera extrajudicial– ante la simple denuncia de un particular por una supuesta infracción a sus derechos y sin una determinación legítima de tal infracción. Estos mecanismos han sido criticados expresamente por los documentos de la ONU y la OEA como un esquema que podría violar la libertad de expresión y que puede constituir censura indirecta, lo cual es específicamente condenado en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es parte”, complementa Pedro Less Andrade, director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina.

Además de lo anteriormente mencionado se dice que en la actualidad las empresas ISP no tienen plataformas para atender las demandas de los usuarios, lo que haría que dichas empresas deban destinar recursos explícitamente a atender las quejas y proceder conforme lo exprese la ley, claro que aquí también surge otra crítica, pues de qué manera las empresas identificarán el uso que sus clientes le dan a las publicaciones de sus páginas; el temor de los contradictores es que con el afán de prevenir sanciones o demandas, las empresas prestadores de servicios de Internet cometan injusticias o arbitrariedades contra los usuarios.

“En Colombia se está discutiendo en el Senado un proyecto de ley sobre responsabilidad de proveedores de Internet en derechos de autor, conocida en la opinión pública como “Ley Lleras”. Este proyecto de ley, si bien busca garantizar una protección a un derecho legítimo como es el derecho de autor, prevé varias disposiciones que si no son redactadas correctamente pueden vulnerar el ejercicio en Internet de derechos fundamentales”, concluye Andrade.

Otro de los inconvenientes que tendría la ley es que podría desembocar en una horda de demandas que saturaría la ya saturada situación de los juzgados, además se dice que el proyecto no tiene en cuenta las leyes de protección de datos personales, derechos que van a ser muy difíciles de garantizar de ser aprobada la iniciativa. Es el caso de países como Francia, donde empezaron con bloqueos de contenidos y ahora se está exigiendo a los ISP tener los datos personales y en ocasiones hasta los nicknames de los usuarios.

Consejos

Un glosario por favor: es de vital importancia que se especifique el significado de cada una de las palabras que puedan presentar una interpretación errónea por parte de los ciudadanos, dicho glosario debe hacer énfasis en términos cómo Internet Service Provider (ISP) y On Line Service Provider (OSP), junto con sus derivaciones.

Definan con claridad: hay que constatar que quede clarificado qué y cuál es el papel que entraría a jugar el usuario y el proveedor de contenidos, y cuáles las responsabilidades de cada uno de los actores.

¿A quién se le puede determinar reincidente?: hay que aclarar qué es un infractor reincidente y delimitar cuándo y cuántas veces se tendrá la calidad de reincidente así como los castigos por lo mismo.

Debatan bien las implicaciones de términos como: los relativos al Conocimiento Efectivo, los de Designación de Agentes para la recepción de notificaciones, los relativos a Notificaciones Judiciales (numerales A y D del art. 7), y el término Pasos Razonables que deben tomar y realizar los ISP frente a las eventuales infracciones (art.9).

La opinión del experto

Revista M2M en búsqueda de mayor claridad, buscó la opinión de un experto en el tema, fue así como contactamos a Iván Dario Marrugo, abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, director general de Marrugo Rivera & Asociados – Estudio Jurídico, y director administrativo de las Jornadas de Actualidad para la Sociedad de la Información – JASI, quien nos concedió la siguiente entrevista.

¿Cree usted que la “Ley Lleras” está diseñada en pro de defender a los monopolios de la información?
“Muchos han argumentado que la presentación del proyecto obedece a la protección de intereses de la industria de contenidos en Internet y a una imposición norteamericana con ocasión de la discusión del Tratado de Libre Comercio. Prefiero pensar que el debate de fondo del proyecto es el principio de neutralidad tecnológica, lo que sin dudas hoy se encuentra en la escena mundial y será, junto con los temas de seguridad de la información, la noticia más importante de 2011. Finalmente existen quienes a menudo pretenden equiparar los intereses de los autores con los de las grandes compañías productoras y eso es bastante ajeno a la realidad”.

¿Qué implicaciones podría tener esta ley para los profesionales del mercadeo y la publicidad?
“Los obliga a ser mucho más acuciosos con la recolección y procesamiento de la información. Por la misma naturaleza de la Internet, la copia y reproducción de contenidos digitales les es favorable y natural. Eso abrió un espacio para la infracción de derechos de autor sin precedentes; incluso ha llegado a pronosticarse la desaparición de la industria discográfica o por lo menos como la conocemos. Los periodistas, publicistas y personas relacionadas con el medio del marketing, como sucede con muchas otras profesiones, deberán garantizar el uso y la apropiación de tecnología de forma no sólo legal sino también legítima”.

¿Cree usted que dicha ley diferencia con claridad hasta dónde van los derechos de autor y hasta dónde la libertad de expresión?
“Existe mucha desinformación al respecto, una ley en sí misma es incapaz de coartar un derecho como la libertad de expresión. Otra cosa distinta son los efectos de aplicación de la ley y allí es donde entran a ser primordiales los usos y costumbres en el receptor primario de las leyes; procesos como el de España o Francia donde la implementación de la ley sufrió duros reveses son la estructura lógica de organización alrededor de un proyecto tan polémico como este”.

¿Qué pasaría con sitios como Ares o Torrent que en la actualidad sirven para bajar contenido gratuito?
“Existen fallos importantes alrededor del mundo sobre sistemas de descargas P2P como Ares o E-Mule. Incluso hace muy poco se conoció un fallo importante de la Justicia Argentina sobre el portal Taringa, en el cual se declaró que los responsables del sitio son partícipes necesarios en la violación de artículos sobre leyes de protección de derechos de autor. Los sitios de descarga poco a poco han sido llevados a incomodas situaciones en los que en el futuro serán operativa y técnicamente bastante complicados de manejar. Lo que asestaría un último golpe sería que se desincentive la participación (redes) y se le resten sus atractivos que constituyen el acceso y la publicidad”.

¿Esta ley abre las puertas para que el Gobierno pueda espiar a los usuarios de Internet?
“Los artículos más polémicos del proyecto de ley son, entre otros, los artículos 3 y 15. La ponencia de primer debate en el Senado pretendió darle mayor claridad a asuntos grises u oscuros de la ley. El artículo 3 consagra la exoneración de responsabilidad para los OSP y el artículo 15 las condiciones para la orden definitiva de retiro de material. Ahora bien, nuestro país no suele ser el mecenas en asuntos de respetos de derechos fundamentales y ejemplos como lo sucedido en entidades como el DAS con las “chuzadas” y el Ejercito con los “falsos positivos”, realmente permiten tomar la expedición de una ley como esta con beneficio de inventario”.