Sobre la manera en que el derecho aplica en las TIC

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, poseen dos principales de modelos de gestión.

TICEn un primer modelo de gestión las TIC tienen un sentido instrumental conforme al cual sirven como un medio transaccional, pero no son un fin en sí mismo (que es lo que ocurre cuando sirven para publicar o intercambiar información pero no son transaccionales plenamente).

En un segundo modelo de gestión las TIC tienen un sentido finalista con base en el cual brindan una interface de interacción plena entre los sujetos y objetos involucrados en una relación comunicativa.

Para ambas clases de modelos de gestión, el derecho cuenta con unos principios para darle pleno reconocimiento y validez jurídica y probatoria a las TIC. Estos principios (la mayoría están consagrados en la Ley 527 de 1999, en Colombia) son:

a). Principio de la equivalencia funcional: Hace referencia al reconocimiento de efectos jurídicos y probatorios a los soportes digitales. Cuando una norma -regla-disponga determinado requisito, requisito concebido para los medios tradicionales, generador de efectos jurídicos, dicho requisito podrá ser satisfecho empleando medios electrónicos (bien sea a nivel instrumental o finalista) siempre que se cumpla a cabalidad con la finalidad perseguida por la norma sustancial, no de manera idéntica -analógica-, sino equiparable. Esto significa, garantizando los elementos esenciales y naturales de un acto o negocio jurídico, aunque su forma de llevarlos a cabo emplee soportes y modelos logísticos distintos a los tradicionales, gozando de las mismas prerrogativas y finalidades que las concebidas para la situación fáctica y jurídica lograda en el entorno material.

Esto contribuye a la seguridad y a la validez jurídica de las actuaciones desarrolladas al interior de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones puesto que la equivalencia funcional no es un sinónimo de analogía sino es más bien una equiparación de las finalidades (consecuencias lógicamente derivadas) de las normas jurídicas creados para los sistemas y relaciones humanas basadas o logradas en átomos para poderse aplicar en los sistemas basados en bits mediante la determinación de sus problemas y soluciones funcional-equivalentes.

b). Principio de la neutralidad tecnológica: Hace referencia a que las normas no pueden vincular la producción de efectos jurídicos a un entorno, contexto o tecnología específica. Existe plena aplicación y amparo de las normas sustantivas, procesales y probatorias en una relación jurídica, sin distinción a la tecnología que sea empleada por sus intervinientes. En complemento, este principio determina que las normas deben reconocer el resultado efectivo que brinda la tecnología, y no el medio tecnológico que se emplee, para así brindar sobre el mismo una adecuada aplicación del derecho sustantivo y procesal, y un control por los presuntos vacíos legales, dado que si las normas son neutrales tecnológicamente el derecho no posee vacíos legales en las TIC, pues es cuestión de adaptar, mediante los presentes principios, su aplicación a este medio.

c). Principio de la prevalencia del derecho sustantivo preexistente: Hace referencia a que el derecho tradicional no debe modificarse, alterarse o desconocerse, sino precisamente prevalecer en su aplicación en los mercados de las TIC. La trayectoria de la ciencia jurídica ha establecido categorías y principios del derecho flexibles y dúctiles, aplicables a los diversos estadios y desarrollos de la humanidad indistintamente a la calidad de los actores, productos o servicios que intervengan en una relación jurídica. Por tanto solo se deberán concebir nuevos silogismos jurídicos cuando los elementos normativos existentes resulten realmente insuficientes (y de hecho el principio de buena fe aplicará, inclusive, en la teletransportación si llegaré a desarrollarse).

d). Principio de la neutralidad de la red: Hace referencia a la facultad de intervención que poseen los oferentes (bien sea prestadores del servicio de acceso a internet, prestadores de servicios en línea, productores o comercializadores de datos, tanto de carácter público como privado) de los mercados de TIC en relación al grado de control o permisividad -libertad- que brindan sobre el tráfico de los datos (de audio, voz, imagen, texto, o sus combinaciones) que se almacenan, transmiten, comparten y en general gestionan por medio de sus redes, infraestructuras, plataformas, servicios y/o aplicaciones.

Este principio tiene dos vertientes:

– Para algunos debe existir plena libertad en el tráfico de datos (por ejemplo La Internet nació como un proyecto libre y no es plausible limitar la interactividad sobre los datos que viajan por la red).

– Para otros debe existir un control previo sobre todo dato que viaje para evitar daños previsibles (por ejemplo El Web master de Facebook debe verificar el contenido de los datos  que un usuario vaya a remitir a otro y solo permitirá su envío si no es ilegal).

Ambas vertientes se encuentran limitadas en la teoría del abuso del derecho por medio de la cual no se podrá abusar del ejercicio del derecho a la información ni del ejercicio del derecho de control.

Por ello se recomienda lograr un balance entre ambas posturas y según la clase de plataforma, datos, contenidos y modelo de negocio de TIC involucrado se requerirá más control (por ejemplo si una aplicación proyecta datos de menores de edad se exige y debe aplicar más control) o se brindará más libertad (por ejemplo si es un blog sobre el clima no existirá mayor control que el ordinario).

Por: Camilo Alfonso Escobar Mora© – Gerente General de Jurídia, Empresa de Derecho Preventivo para toda clase de Proyectos y Asuntos de TIC www.juridia.co. Contacto: gerencia@juridia.co

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