En las negociaciones que se hagan en ventas por métodos no tradicionales, ventas a distancia, tiempos compartidos o ventas con financiación de productor proveedor

Nuevo Estatuto del Consumidor: conózcalo, entiéndalo y hágalo cumplir

Por: Daniel Fernando Polanía
@danielfpolania

En el mes de abril de este año empezará a regir la normatividad impuesta en el nuevo Estatuto del Consumidor, ley que tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los clientes, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. La nueva normativa espera convertirse en el mejor aliado de los consumidores en temas como:
[su_list icon=”icon: circle”]

  • La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad.
  • El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.
  • La educación del consumidor.
  • La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.
  • La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia.

[/su_list]

En las negociaciones que se hagan en ventas por métodos no tradicionales, ventas a distancia, tiempos compartidos o ventas con financiación de productor proveedor

“El Estatuto del Consumidor es la actualización del encadenamiento entre productores y consumidores, es un desarrollo de la Constitución del 91, ya que el anterior era muy limitado en el tema contractual y en la garantía. Este nuevo documento es mucho más comprensivo, no se limita a estos aspectos sino que se preocupa por el consumidor y todos aquellos aspectos que le competen”, comenta Enrique Álvarez Posada, socio de la firma de abogados Lloreda Camacho y Compañía.

Bajo la nueva normatividad, los consumidores colombianos tendrán más derechos que los que otorgaba el anterior estatuto, el cual data de 1982, normativa que debido a los avances en producción y tecnología se quedó corta ante las nacientes inconformidades de los usuarios.

Cabe destacar que el nuevo Estatuto regula más e integralmente la relación de consumo frente a los productos, de tal forma que así como implementa y regula todo lo que tiene que ver con calidad, idoneidad y garantía, también contiene protecciones muy especiales que privilegian la posición del consumidor en materia de seguridad, salud e integridad. Bajo la nueva normatividad la información será el eje central entre el consumidor, el productor y el distribuidor.

“El nuevo Estatuto suprime muchas formalidades y establece herramientas para reclamar los derechos de los consumidores desde el punto de vista procesal”, comenta Saray Salazar, abogada senior de la firma Lloreda Camacho y Compañía. Sin embargo, el nuevo Estatuto se convierte en un gran reto para las marcas, pues deberán optimizar muchos de sus procesos para no cometer infracciones que terminen en demandas y sanciones. “Los productores van a tener que atender reclamaciones que antes no atendían, con tanto juicio como podrían serlo las notificaciones. Sobre este tema hay varios cambios: ahora se puede notificar telefónicamente o por medios eficaces, agilizando así el procedimiento para los consumidores. Sin embargo, para los productores implica cargas y responsabilidades adicionales”, agregó Saray.

Calidad, idoneidad y seguridad de los productos

Sobre estos aspectos, el Estatuto estipula que todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias. Aparte de esto, el productor está en la obligación de informar de manera clara y precisa la calidad del producto.

Garantía

La norma establece que la garantía legal es obligatoria, si el producto no proporciona la información adecuadamente, cualquier queja sobre el producto se asumirá como un daño por defecto del mismo. Con respecto a la duración de la garantía, el Estatuto determina que estas se deben regir por los siguientes puntos:
[su_list icon=”icon: circle”]

  • Lo establecido en las normas imperativas.
  • Lo ofrecido por el productor o expendedor.
  • Subsidiariamente:
  • Bienes perecederos: hasta su vencimiento.
  • Bienes nuevos: 1 año.
  • Bienes usados: 3 meses (garantía no obligatoria).
  • Inmuebles:
  • Estabilidad de la obra: 10 años.
  • Acabados: 1 año.
  • La garantía se suspende con ocasión de su efectividad.
  • Cambio total de producto: nueva garantía.

[/su_list]

En las negociaciones que se hagan en ventas por métodos no tradicionales, ventas a distancia, tiempos compartidos o ventas con financiación de productor proveedor

Una de las novedades del Estatuto es que el consumidor no tiene que limitarse al productor o al expendedor para hacer efectiva su garantía, ahora puede recurrir a cualquiera de los dos. En el anterior estatuto se establecía que el consumidor debería reclamar la garantía ante el vendedor y de ahí para atrás, lo cual convertía el proceso en una relación comercial; ahora los consumidores deberán realizar la reclamación directa y demostrar que el producto tiene un defecto.

Publicidad engañosa

El capítulo VI del nuevo Estatuto determina que la publicidad será reconocida como una fuerza vinculante. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante a cumplir los términos de dicha publicidad. Esto quiere decir que si un productor hace publicidad con un modelo específico, pero en las imágenes muestra otro modelo, debe entregar el que apareció en la publicidad, no puede engañar al consumidor entregándole un modelo de menores especificaciones si en la publicidad mostró una referencia superior.

Otro aspecto importante es que todo lo que signifique publicidad engañosa tendrá sanciones específicas, el productor tendrá que indemnizar o reparar los perjuicios que pueda causarle a un consumidor, además de las sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de publicidad engañosa, el responsable será la marca que contrate dicha promoción. El Estatuto también castiga a los medios de comunicación que actúen con dolo permitiendo publicar publicidad engañosa.

Contratos de adhesión

Sobre este aspecto, el capítulo VII del Estatuto tipifica que las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor y no de quien lo elabora. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean.

Otro punto estipula que en todos los contratos de adición, el proveedor debe informarle al consumidor los alcances de la parte obligacional de los contratos y las normas deben ser concretas y legibles, también establece que toda modificación unilateral de los contratos está prohibida, así como las cláusulas abusivas, las cuales no podrán estar dentro de ningún contrato.

Cláusulas abusivas

Los parámetros que establecen una cláusula como abusiva se dan cuando:

[su_list icon=”icon: play”]

  • Limiten la responsabilidad.
  • Renuncien a los derechos de los consumidores.
  • Inversión de la carga de la prueba.
  • Trasladen la responsabilidad al consumidor o a un tercero.
  • Condicionen el reintegro del pago a la ejecución completa.
  • Mantengan vinculado al consumidor cuando el productor o proveedor no cumplen.
  • Concedan la facultad de determinar si la ejecución se ajusta a lo contratado.
  • Impidan la resolución por contrato no cumplido, salvo arrendamiento financiero.
  • Presuman voluntad del consumidor que derive en erogaciones o cargas.
  • Existan pagos de intereses no autorizados.
  • Impongan mayores requisitos a los inicialmente pactados para terminar el contrato.
  • Hay cláusulas compromisorias obligatorias.
  • Restrinjan la facultad para hacer efectiva la garantía directamente del proveedor en contratos de arrendamiento financiero o de muebles.
  • Existen cláusulas de renovación automática.

[/su_list]

Derecho de retracto


En las negociaciones que se hagan en ventas por métodos no tradicionales, ventas a distancia, tiempos compartidos o ventas con financiación de productor proveedor, el consumidor tendrá un plazo máximo de cinco días para retractarse de la compra y el bien deberá ser devuelto en las mismas condiciones en que se recibió. El comprador deberá asumir los costos de transporte y por su parte, el proveedor deberá reintegrar el dinero en máximo 30 días.

En lo referente a la transacción se podría revertir si se comprueba que existió fraude, operación no solicitada, no recibo del producto, que el producto no corresponda o que el mismo salga defectuoso.

LOS PRINCIPALES DERECHOS

[su_list icon=”icon: chevron-right”]

  • El productor se responsabiliza de los daños, lesiones o muerte que puedan causar los defectos de su producto.
  • El usuario podrá hacer uso de su derecho de retracto, es decir, arrepentirse de la compra si esta se hizo a distancia, mediante sistemas de financiación o de tiempos compartidos en los cinco días hábiles siguientes a la compra.
  • No se podrán hacer cambios unilaterales a los contratos, ni se podrán anexar cláusulas que lo permitan.
  • Toda queja o reclamo debe resolverse en máximo tres meses.
  • Se podrá cancelar con anticipación el pago del crédito y no se podrá seguir cobrando interés.
  • Si el vendedor no tiene cambio, el saldo de la deuda lo debe asumir el vendedor y por ningún motivo este podrá hacer donaciones a entidades sin ánimo de lucro con las vueltas del usuario.

[/su_list]

¿ Quién se encarga de velar por el cumplimento del nuevo Estatuto ?

[su_list icon=”icon: angle-right”]

  • La Red Nacional de Protección al Consumidor (en proceso de creación).
  • La Superintendencia de Industria y Comercio y los entes de control.
  • Si no hay Superintendencia, la Alcaldía debe recibir las denuncias.

[/su_list]

Para salir de dudas

Enrique Álvarez Posada, socio de la firma de abogados Lloreda Camacho y Compañía.

¿Cuáles son los principales aspectos del nuevo Estatuto?
Diría que en primer lugar trae una serie de protecciones especiales para los consumidores sin limitarse al tema de garantía e información de los productos, por cuanto hace una regulación más integral de todo lo que tiene que ver con la relación de consumo frente a los productos, de tal forma que así como trae y regula todo lo que tiene que ver con la calidad y la idoneidad y garantía de los productos, también trae otra serie de protecciones muy especiales que privilegian la posición del consumidor en materia de seguridad, salud e integridad.

¿Cómo y quién juzga que la información que trae el producto sea justa?
En principio no hay una autoridad que determine que la información es adecuada, hay que mirar cada caso específico, cuando surge una reclamación o una disputa entre el consumidor y los productores, el afectado puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que determine si la información fue suficiente, veraz y comprensible.

¿Cómo puede el consumidor hacer efectivas las normativas del nuevo Estatuto?
Existen dos clases de opciones: entablar acciones administrativas, las cuales se denuncian frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que la autoridad ordene corregir una situación determinada y la infracción no se siga cometiendo, sobre este hecho la autoridad podría imponer multas como castigo; la otra opción son las acciones jurisdiccionales, que se pueden iniciar frente a un juez de la República o en algunos casos también ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los productos defectuosos

Saray Salazar, abogada senior de la firma Lloreda Camacho y Compañía.

¿Qué debe hacer una marca cuando encuentra un producto defectuoso y qué pasa si no hace nada?
Cualquier miembro de la cadena de producción o distribuidor que encuentre un producto defectuoso, tiene que dar aviso a la autoridad nacional competente dentro los tres días siguientes en que se entera, debe tomar las medidas correctivas para recoger el producto del mercado o informar a los consumidores; si no lo hace, el productor o el miembro de la cadena de producción va a ser el responsable por los daños que cause ese producto a las personas.

¿Qué puede hacer un usuario que tenga un producto defectuoso para entablar un proceso judicial?
La demanda se tramita bajo un proceso ordinario civil, es decir, una demanda ante la jurisdicción ordinaria que se rige por las normas del código del procedimiento civil, esa demanda como tal no va ante la Superintendencia de Industria y Comercio sino exclusivamente ante jueces, y para eso el consumidor debe demostrar la existencia del producto defectuoso, el daño que sufrió el consumidor y el nexo causal entre el daño que sufrió y el defecto que tiene el producto.

¿Qué castigos se contemplan para las empresas que tengan productos defectuosos y no sigan el procedimiento?
Si el producto defectuoso causa un daño en la vida, entonces ese consumidor va a poder reclamar ante la jurisdicción ordinaria la indemnización por todos los daños y perjuicios que sufra, pero adicionalmente, si la Superintendencia encuentra algún problema con el producto, esta puede imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos, que son 1.071 millones de pesos, y el cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días; en caso de reincidencia, puede imponer el cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro de un portal o una página web.

TU BOLETA®, empresa conocida por su servicio de impresión y comercialización de tiquetes para eventos y espectáculos, pasó por esta situación: en internet se promocionaban unos servicios con el nombre de TUBOLETO.TRAVEL.COM

Marca Registrada

¿Cuántas veces ha visto eslogans, vallas e impresos o escuchado cuñas radiales que promocionan una marca que inmediatamente le recuerda otra? En Colombia se presentan con frecuencia casos de usurpación o plagio que son pasados por alto y que pueden afectar directa o indirectamente a publicistas y empresarios, quienes sin querer incurren en este delito.

TU BOLETA®, empresa conocida por su servicio de impresión y comercialización de tiquetes para eventos y espectáculos, pasó por esta situación: en internet se promocionaban unos servicios con el nombre de TUBOLETO.TRAVEL.COM

TU BOLETA®, empresa conocida por su servicio de impresión y comercialización de tiquetes para eventos y espectáculos, pasó por esta situación: en internet se promocionaban unos servicios con el nombre de TUBOLETO.TRAVEL.COM, que a simple vista parecía tener similitud con la marca.

Al darse cuenta de esto, el gerente de TU BOLETA ® acudió a su firma de abogados para investigar quién era el dueño o administrador de la página. Una vez identificada la persona encargada, se contactó para prevenirla acerca de los procesos legales que podrían efectuarse en su contra por estar promocionando algún tipo de servicio con una marca legalmente registrada. El dueño de TUBOLETO.TRAVEL.COM explicó a la firma de abogados que su publicista no había consultado previamente la viabilidad legal para utilizar dicha marca.

Luego de establecerse un acuerdo entre los dos empresarios fue necesario desmontar toda la publicidad desplegada por TUBOLETO.TRAVEL.COM, lo cual representó una pérdida no sólo de dinero, sino de tiempo, pues el publicista tuvo que dedicar más horas de trabajo para poder enmendar este error (el nombre se cambió por el de TUVIAJE.TRAVEL.COM).

Casos como éste, que se presentan constantemente en Colombia, afectan a un sinnúmero de empresarios que sin querer incurren en este delito.

Según Adriana Durán Fernández, gerente de MarcasColombia.com y especialista en Derecho Comercial, estos casos son bastante frecuentes en el país. “Por lo general, las empresas contratan publicistas que puedan crear una imagen corporativa, un diseño o una palabra que llegue al público, a partir de algo que ya tenga cierta recordación. Por lo tanto, ellos simplemente optan por usar dicha palabra o idea y la combinan con características de su cliente para vender un superproducto. Lo que no saben -porque no tienen el conocimiento sobre asuntos legales-, es que esa palabra o esa idea puede estar registrada y protegida, y que al utilizarla sin autorización del dueño cometen un delito”.

De acuerdo con la especialista, sería bueno que tanto publicistas como empresarios tuvieran en cuenta los requerimientos legales que implica crear y desplegar una marca, ya que en algunos casos es el empresario quien determina en primera instancia las pautas para la realización de la publicidad.

“En el caso de TU BOLETA®, se habría podido iniciar un proceso penal por usurpación de marca o derechos de propiedad industrial. Éste es un delito bastante amplio, porque el tipo penal no solamente cobija a quien utiliza la marca, también al vendedor, al fabricante, al distribuidor, a quien la comercializa o a quien ponga la publicidad en cualquier parte”, afirma la abogada de MarcasColombia.com.

Evitar dolores de cabeza


Para la gerente de MarcasColombia.com lo primero que debe hacer un empresario para realizar el registro de marca es verificar previamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio – entidad encargada del registro y control de marcas en Colombia- la legalidad del procedimiento.

Proceso de registro de marca

1. Averiguar si está disponible la marca que va a utilizarse. Solicitar una búsqueda de antecedentes marcarios y seguir estos pasos:
• Dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar el historial marcario.
• Asesorarse con un abogado especialista en el tema, directamente en la Superintendencia, o acudir a una firma de abogados.

2. Luego de solicitar el historial y definir el nombre de la marca, se debe solicitar el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay que pagar una tasa legal por ese registro.

3. Diligenciar un formulario donde se describen los productos y servicios que se ofrecerán.

4. El trámite puede tardar entre nueve y trece meses, dependiendo de su complejidad.

Normas que regulan la propiedad industrial en Colombia

• Decisión 486 de 2000
• Ley 178 de 1994, por la cual se aprobó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
• Para efectos de la regulación de la propiedad industrial es importante aclarar que la Decisión 486 de 2000 desplaza temporalmente las leyes internas que hayan sido dispuestas para el tema y, en todo caso, la normatividad Andina será aplicada preferentemente a las leyes internas mientras esté vigente.

Opinión pública

Revista M2M habló con Andrés Rodríguez Martínez, magíster, profesor e investigador adscrito al programa de publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien nos dio una opinión acerca del caso expuesto.

¿Cómo analiza el caso de TU BOLETA?
“Los publicistas deben entender que su profesión no puede desligarse de las normas legales. No se trata de tener un conocimiento cabal sobre la normatividad que determina qué se puede hacer y qué no en el campo publicitario, pero sí de saber que aquélla existe y que siempre debe estar a mano para verificar si una estrategia o una propuesta de tipo publicitario es viable a la luz de lo estipulado”.

Aunque el trabajo del publicista no está relacionado con los temas jurídicos, ¿qué debería hacer para evitar estos inconvenientes si trabaja independiente?
“Quienes están inmersos en la industria publicitaria deben tener un departamento jurídico, en la compañía (llámese agencia de publicidad, boutique creativas, central de medios, etc.), o acudir a un proveedor externo. Si la persona trabaja freelance (de manera independiente) debe conocer los puntos esenciales de la normatividad legal que rige su oficio, pues ese aspecto es constitutivo de su ser como profesional de la publicidad. Documentarse al respecto y apropiarse de una casuística que permita establecer los límites ‘ejecucionales’ de la creatividad, en sus diferentes dimensiones (gráfica, textual, creativa, comercial, etc.), tendrán que ser tareas per sé del oficio del profesional independiente”.

¿Qué recomendaciones puede dar la Academia para que los publicistas tengan en cuentan casos como los de TU BOLETA?
“La legislación en la que está circunscrita la publicidad no puede tomarse de manera banal en las Universidades que forman profesionales en este campo. Por su parte, los publicistas deben tener conocimiento de los códigos tanto exógenos como de autorregulación publicitaria que limitan su quehacer, de cara a un compromiso con la ética y la responsabilidad social. Pero conocer la normatividad no será el único ingrediente clave para que no vuelva a repetirse el caso citado (TU BOLETA); es imprescindible que el publicista, a como dé lugar, sepa qué marcas hay en el mercado, qué ideas y qué estrategias forman parte del cúmulo histórico de la publicidad, en términos locales y transnacionales”.

Constantemente llegan a los correos personales información publicitaria que no es solicitada, lo que comúnmente se llama ‘Spam’, este uso indebido de la dirección de correo electrónico de una persona es una violación a la ley de Habeas Data.

No deje que plagien sus ideas

Por: Stefany Cáceres

El plagio en campañas publicitarias es más común de lo que algunos piensan, un ejemplo es el caso de la agencia de publicidad Santo de Buenos Aires y su cliente Coca-Cola, quienes realizaron una campaña en la cual se hacía una imitación de la banda inglesa de Ska ‘7 Seconds of Love’ con su canción ‘Ninja’. Esto fue considerado como una vulneración de los derechos de los músicos al utilizar la identidad de los integrantes del grupo y las canciones de los mismos sin su autorización.

El comercial que fue reproducido por reconocidos sitios como Youtube, no llegó a estrados judiciales ya que la banda decidió no entablar una denuncia, al parecer gracias a una jugosa contraprestación que la agencia gaucha pago a la banda.

Constantemente llegan a los correos personales información publicitaria que no es solicitada, lo que comúnmente se llama ‘Spam’, este uso indebido de la dirección de correo electrónico de una persona es una violación a la ley de Habeas Data.

El derecho al derecho

“El plagio es hacer pasar una obra de un tercero como propia, puede ser una obra completa, pasajes o sección de la misma, el plagio se tipifica desde quitarle el nombre a un autor y ponerlo como propio, hasta modificarlo y alterar una obra de tal manera que la reproducción no sea exacta pero si lo suficientemente parecida”. De esta manera Juan Calos Uribe, director de los departamentos de propiedad intelectual y contratos de la firma Triana Uribe y Michelsen, define la terminología del plagio.

La propiedad intelectual hace referencia a los inventos e ideas de los autores y está dividida en dos partes: derecho de autor y la propiedad intelectual. El derecho de autor protege las obras literarias, musicales y artísticas de los autores y la propiedad intelectual defiende a las marcas y creaciones que son utilizables.

Determinar si alguien roba mis ideas totalmente o de manera parcial no es tarea fácil, pero incurrir en este ilícito si es más sencillo de lo que muchos piensan. “Apropiarse de una idea sin autorización es muy fácil y en ocasiones no hay que tener siquiera malicia para hacerlo, el robo de contenido o de ideas se puede dar con el simple hecho de no poner comillas a un eslogan, una frase o un recuadro de otro autor”. Manifiesta Fernando Zapata López, Director General de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

A la hora de ser víctimas de un plagio se debe hacer un estudio previamente del caso, determinar quién es el responsable del ilícito, definir la injerencia que tuvo la empresa o el empleado, de esta manera podrá determinar si el proceso legal se debe implantar hacia una persona en especial o hacia una entidad. “El plagio o las infracciones al derecho de propiedad intelectual se pueden dar en acciones civiles o en acciones penales, en acciones civiles la causa o la acción se puede iniciar en contra de personas jurídicas y naturales, en las acciones penales hay que iniciarlas única y exclusivamente en contra de personas naturales”, manifiesta Wilson Rafael Ríos, abogado de la Oficina Jurídica de la Universidad de los Andes.

En Colombia la entidad encargada de combatir el plagio es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual está adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, su función es realizar la ejecución de las políticas gubernamentales de derechos de autor y derechos conexos, y es aquí donde se lleva el registro de la obras artísticas y literarias.

“Actualmente existen entidades encargadas de combatir el plagio alrededor del mundo, una de ellas es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra, Suiza, un organismo de las Naciones Unidas que trabaja conjuntamente con entidades de todo el planeta para promover el respeto y concientización por la propiedad intelectual”. Argumenta Wilson Rafael Ríos, abogado de la Oficina Jurídica de los Andes.

Otra institución es la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo; esta vela por la protección de la propiedad industrial y cuenta con tres delegaturas fundamentales: la de protección al consumidor, la de promoción a la competencia y la de propiedad industrial, esta última es la encargada de realizar todo el registro de marcas y patentes en Colombia.

Información no deseada

Constantemente llegan a los correos personales información publicitaria que no es solicitada, lo que comúnmente se llama ‘Spam’, este uso indebido de la dirección de correo electrónico de una persona es una violación a la ley de Habeas Data.

La reciente ley de Habeas Data otorga a una persona el derecho de autorizar o no la recolección de su información personal y de conocer si existe información de sí mismo almacenada en una base de datos, así como los usos que se le da.

Uno de esos datos personales es la dirección de correo electrónico que no debe ser recogido ni utilizado sin previo aviso, es decir, sólo la persona decide quién debe tener esa información y no cualquiera puede hacer uso de ella, las empresas recopilan los datos de sus clientes por seguridad pero lo que muchos no saben es que cada individuo tiene derecho a saber que se hace con esa información.

Cuando una empresa viola el estatuto de protección de datos personales (Ley de Habeas Data) el afectado puede quejarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si se trata de un comerciante cualquiera, y ante la Superintendencia Financiera, si se trata de una entidad bancaria.

Otra institución es la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo; esta vela por la protección de la propiedad industrial y cuenta con tres delegaturas fundamentales

Normas que regulan el Derecho de Autor en Colombia

• Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia;
• Decisión Andina 351 de 1993;
• Código Civil, Artículo 671;
• Ley 23 de 1982;
• Ley 44 de 1993;
• Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), Título VIII;
• Ley 603 de 2000;
• Decreto 1360 de 1989;
• Decreto 460 de 1995;
• Decreto 162 de 1996.

Sanciones que se imponen cuando se incurre en plagio

• Art. 244 Ley 23/82: Medidas cautelares: embargo y secuestro preventivo
• Art. 57 Decisión 351: pago de reparación adecuada en compensación por perjuicios materiales
• Art. 271 Código Penal: 4-8 años de prisión y multa de 1.000 SLMM (reproducción/distribución una obra protegida por derecho de autor).

Para que no le pase

Para ahondar en el tema M2M habló con Juan Carlos Uribe, director de los departamentos de propiedad intelectual y contratos de la firma Triana Uribe y Michelsen. El experto nos dio sus opiniones de cómo combatir el plagio.

¿Qué debe hacer una empresa cuando uno de sus empleados incurre en plagio?
“Si la campaña no ha salido al aire, hay que suspenderla inmediatamente, segundo despedir al empleado y denunciarlo penalmente. Si dicha campaña salió al aire, debe contactar a la parte agraviada para evitar que el tema pase a una discusión legal, el manejo de relaciones públicas con el afectado es vital para evitar inconvenientes mayores”.

¿Cree usted que la constitución colombiana es lo suficientemente rígida con los casos de plagio?
“La constitución no tiene que ocuparse de eso, sólo reconoce que los autores deben ser remunerados por su trabajo, es la ley colombiana la que establece las sanciones civiles y penales, pero sí considero que los castigos que existen son más que suficientes”.

¿Cómo cree usted que se puede combatir el plagio?
“Es un tema cultural, casi siempre viene de una vocación facilista, es más sencillo, menos exigente y es más barato tomar conceptos que ya han sido utilizados por otros. Pero antes de pensar en hacer esto hay que darse cuenta de las consecuencias penales que conlleva”.

Muchos han argumentado que la presentación del proyecto obedece a la protección de intereses de la industria de contenidos en Internet y a una imposición norteamericana con ocasión de la discusión del Tratado de Libre Comercio.

“Ley Lleras”: ¿heroína o villana?


POR: DANIEL FERNANDO POLANÍA
@danielfpolania

La idea original de la popular “Ley Lleras” está encaminada a proteger la propiedad intelectual a nivel internacional, ayudando a prevenir la falsificación de productos y marcas, al igual que su uso indebido en la web.
Esta ley también busca proteger las patentes así como legalizar el tráfico de música, obras escritas, fotográficas y en general hacer cumplir las leyes internacionales de derechos de autor. La ley busca darle mayor libertad a los jueces para llevar a la cárcel o bloquear las páginas de los piratas que utilicen Internet en pro de usufructuarse económicamente de obras protegidas por derechos de autor. Como castigo, el proyecto legislativo contempla penas entre los cuatro y ocho años de cárcel y multas de 26.66 a 1.000 salarios mínimos para los delitos de violación a los derechos de autor y derechos conexos.

Los defensores y ponentes de esta ley aducen que el proyecto no está diseñado para censurar la libertad de expresión y no obliga a los proveedores de Servicio de Internet (ISP) a espiar el contenido de sus usuarios en búsqueda de descargas ilegales; por el contrario aducen que la ley está encaminada en exclusiva a combatir a quienes roban derechos de autor con ánimo de lucro.

Eso abrió un espacio para la infracción de derechos de autor sin precedentes; incluso ha llegado a pronosticarse la desaparición de la industria discográfica o por lo menos como la conocemos.

“La iniciativa legal, denominada como ‘Ley Lleras’, trae a Colombia un tema que no es novedoso en el contexto internacional. Recientemente España, Chile, Francia, por mencionar sólo los casos más sonados, han adoptado leyes en esta materia, cada una con enfoques diferentes, pero orientadas todas al establecimiento de un mecanismo que contribuya a la protección de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual en Internet y estableciendo claramente las situaciones en las cuales el ISP es liberado de responsabilidad, generando un adecuado equilibrio entre el respeto a la propiedad Intelectual y la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Consideramos entonces, que esta ley es necesaria para poder garantizar el respeto por la propiedad intelectual y de esta manera promover la innovación y el crecimiento económico del país”, señala Jimena Mora, directora de Asuntos de Propiedad Intelectual de Microsoft Colombia.

“Es falso que a la persona que baje o suba información de Internet lo van a meter a la cárcel, por eso se eliminó del proyecto el artículo que amenazaba con penalizar a los usuarios; la ley castiga a quien baje información que esté registrada en propiedad intelectual y reciba dinero por esto”, manifestó el senador Roy Barreras.
Por su parte, Andrés Hoyos, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en un especial para la revista Semana afirmó que “es legítimo y necesario que un Estado dicte medidas para proteger los derechos de autor. Lo que busca este proyecto es razonable: que sólo se penalice a quienes se lucran de algo protegido bajo esta figura. La que hay que reformar es la Ley de Derechos de Autor. Es absurdo, por ejemplo, que haya que pagar derechos para citar una canción completa en un libro”.

Entre las dudas que surgen acerca de la implantación de dicha ley está la suerte que tendrían las personas que utilicen material no autorizado pero sin ánimo de lucro económico, en este caso la persona involucrada asumiría responsabilidad civil, pero no penal. “El portal puede retransmitir eventos deportivos, noticiosos o culturales y vender publicidad siempre y cuando no esté tomando contenido creativo que sea considerado propiedad personal de un autor. Compartir información no podrá penalizarse porque de hacerlo caeríamos en los terrenos de la censura. Las páginas tendrán derecho a tener publicidad en su página, pero no tendrán derecho a cobrar por bajar o compartir por un contenido que sea ajeno”, argumenta el senador Roy Barreras.
Sobre la problemática que esta ley podría causar a los usuarios de redes sociales como Facebook o Twitter, se aclara que estos no podrán ser sancionados ni penal ni civilmente, ya que dichas redes sólo permiten tomar links de otras páginas y en ellas no es posible cobrar por acceder al contenido.

El papel de los ISP

A diferencia de lo que se cree, los ISP no serán los policías de esta ley, los usuarios serán los que reporten y comprueben que algún particular ha violado sus derechos de autor y está beneficiándose económicamente de ellos; la empresa prestadora de servicios de Internet, llámese ETB, UNE, Telefónica etc., tienen la obligación, después de comprobar que sí se está cometiendo algún ilícito, de informar al infractor y darle 72 horas para corregir su error, de lo contrario deberá deshabilitar al usuario infractor y pasar el caso a los estrados judiciales.

Sobre este aspecto también se ha generado gran polémica por desconocer la imparcialidad y el análisis jurídico que los ISP puedan tener, ya que estos no son órganos jurídicos y los contradictores no consideran buena idea darle poder judicial a empresas privadas. Si el afectado desea un castigo más severo o el presunto victimario desea comprobar su inocencia, el caso deberá ser resuelto por un juez, quien se encargará de determinar si se cometió una injusticia o por el contrario el usuario infractor es merecedor a un castigo más severo. Sobre el papel que jugarán los jueces a la hora de resolver los pleitos de derechos de autor en Internet, se cierne la duda sobre la capacidad del ente judicial, tanto en infraestructura como en conocimiento de la misma, pues algunos divisan en el futuro una montaña de demandas, algunas justas y otras producto del desconocimiento, que a la postre saturaría el ya saturado sistema judicial colombiano.

Puntos clave a saber

Muchos han argumentado que la presentación del proyecto obedece a la protección de intereses de la industria de contenidos en Internet y a una imposición norteamericana con ocasión de la discusión del Tratado de Libre Comercio.

La Dirección Nacional de Derechos de Autor publicó en su portal las respuestas a algunas preguntas que podrían servir a la hora de aclarar las principales dudas sobre la “ley lleras”, M2M se permite citarlas para que los lectores conozcan esta valiosa guía.

¿Se acabará con la neutralidad de la red?
Los ISP no tienen la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o refieran.

¿Se van a espiar todas las personas que usan Internet para conocer si son infractores al derecho de autor?
Los ISP no tienen la obligación de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.

¿Se sanciona a los usuarios y se exime de responsabilidad a los ISP?
No, se crean criterios de responsabilidad nuevos para usuarios y sólo se delimita la responsabilidad de los ISP, frente a infracciones al derecho de autor o conexos cometidos por terceros.

¿Los ISP tienen la obligación de retirar el material contenido en sus sistemas o redes?
El retiro del material infractor por parte de los ISP es facultativo, a menos que una autoridad judicial disponga lo contrario.

¿Habrá censura porque se podrán bloquear páginas web?
No habrá censura y no se podrán bloquear páginas web completas, solo contenidos específicos debidamente identificados como infractores al derecho de autor.

¿Los ISP retirarán arbitrariamente los contenidos alojados en sus sistemas o redes?
La ley obliga a los ISP a informar la causa de los retiros y restaurarlos en caso de que exista algún tipo de discrepancia.

¿Los jueces no conocen de Internet y lo más seguro es que decreten medidas excesivas?
Todo lo contrario, impone a los jueces la obligación de utilizar criterios de razonabilidad a la hora de decretar medidas cautelares (hoy no existen estos criterios).

¿Con estas medidas se van a ver afectadas obras puestas a disposición tanto legal como ¡ ilegalmente ! ?
Limita a los jueces para que cuando ordenen una medida cautelar o el bloqueo definitivo de algún material, no afecte los contenidos puestos a disposición legítimamente por los usuarios.

¿Van a meter a la cárcel a todos los que descarguen o compartan obras por Internet?
Sólo se castiga penalmente la puesta a disposición de obras con fines comerciales en redes informáticas, sin el permiso de los titulares.

¿Se va acabar el P2P?
Esta ley no regulará el intercambio de archivos entre usuarios en redes P2P.

Las inconformidades

La polémica que ha causado esta ley no ha sido poca, así sus defensores hayan tratado por todos los medios de explicar las bondades del proyecto no han sido pocos los que han levantado su voz de protesta. Algunos de sus argumentos son que esta iniciativa es una copia de la Ley Sinde y la Tres Strikes mexicana y que sus fines buscan resolver los problemas del mercado mediante la creación de argumentos jurídicos que van en pro de proteger los intereses de las grandes empresas generadoras de contenido cultural y noticioso.

Sobre la parte que permite a los ISP bloquear los contenidos que sean reportados como violadores de la ley, los opositores al proyecto argumentan que es preocupante que dichas entidades estén obligadas a proceder a desactivar al usuario acusado sin que antes un juez determine la efectiva violación de tales derechos.

“Este esquema conduce a una situación en la cual muchos usuarios de Internet pueden ver afectados sus derechos fundamentales o su presunción de inocencia, ya que forzaría a los prestadores de servicios de Internet a bloquear contenidos –de manera extrajudicial– ante la simple denuncia de un particular por una supuesta infracción a sus derechos y sin una determinación legítima de tal infracción. Estos mecanismos han sido criticados expresamente por los documentos de la ONU y la OEA como un esquema que podría violar la libertad de expresión y que puede constituir censura indirecta, lo cual es específicamente condenado en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es parte”, complementa Pedro Less Andrade, director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina.

Además de lo anteriormente mencionado se dice que en la actualidad las empresas ISP no tienen plataformas para atender las demandas de los usuarios, lo que haría que dichas empresas deban destinar recursos explícitamente a atender las quejas y proceder conforme lo exprese la ley, claro que aquí también surge otra crítica, pues de qué manera las empresas identificarán el uso que sus clientes le dan a las publicaciones de sus páginas; el temor de los contradictores es que con el afán de prevenir sanciones o demandas, las empresas prestadores de servicios de Internet cometan injusticias o arbitrariedades contra los usuarios.

“En Colombia se está discutiendo en el Senado un proyecto de ley sobre responsabilidad de proveedores de Internet en derechos de autor, conocida en la opinión pública como “Ley Lleras”. Este proyecto de ley, si bien busca garantizar una protección a un derecho legítimo como es el derecho de autor, prevé varias disposiciones que si no son redactadas correctamente pueden vulnerar el ejercicio en Internet de derechos fundamentales”, concluye Andrade.

Otro de los inconvenientes que tendría la ley es que podría desembocar en una horda de demandas que saturaría la ya saturada situación de los juzgados, además se dice que el proyecto no tiene en cuenta las leyes de protección de datos personales, derechos que van a ser muy difíciles de garantizar de ser aprobada la iniciativa. Es el caso de países como Francia, donde empezaron con bloqueos de contenidos y ahora se está exigiendo a los ISP tener los datos personales y en ocasiones hasta los nicknames de los usuarios.

Consejos

Un glosario por favor: es de vital importancia que se especifique el significado de cada una de las palabras que puedan presentar una interpretación errónea por parte de los ciudadanos, dicho glosario debe hacer énfasis en términos cómo Internet Service Provider (ISP) y On Line Service Provider (OSP), junto con sus derivaciones.

Definan con claridad: hay que constatar que quede clarificado qué y cuál es el papel que entraría a jugar el usuario y el proveedor de contenidos, y cuáles las responsabilidades de cada uno de los actores.

¿A quién se le puede determinar reincidente?: hay que aclarar qué es un infractor reincidente y delimitar cuándo y cuántas veces se tendrá la calidad de reincidente así como los castigos por lo mismo.

Debatan bien las implicaciones de términos como: los relativos al Conocimiento Efectivo, los de Designación de Agentes para la recepción de notificaciones, los relativos a Notificaciones Judiciales (numerales A y D del art. 7), y el término Pasos Razonables que deben tomar y realizar los ISP frente a las eventuales infracciones (art.9).

La opinión del experto

Revista M2M en búsqueda de mayor claridad, buscó la opinión de un experto en el tema, fue así como contactamos a Iván Dario Marrugo, abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, director general de Marrugo Rivera & Asociados – Estudio Jurídico, y director administrativo de las Jornadas de Actualidad para la Sociedad de la Información – JASI, quien nos concedió la siguiente entrevista.

¿Cree usted que la “Ley Lleras” está diseñada en pro de defender a los monopolios de la información?
“Muchos han argumentado que la presentación del proyecto obedece a la protección de intereses de la industria de contenidos en Internet y a una imposición norteamericana con ocasión de la discusión del Tratado de Libre Comercio. Prefiero pensar que el debate de fondo del proyecto es el principio de neutralidad tecnológica, lo que sin dudas hoy se encuentra en la escena mundial y será, junto con los temas de seguridad de la información, la noticia más importante de 2011. Finalmente existen quienes a menudo pretenden equiparar los intereses de los autores con los de las grandes compañías productoras y eso es bastante ajeno a la realidad”.

¿Qué implicaciones podría tener esta ley para los profesionales del mercadeo y la publicidad?
“Los obliga a ser mucho más acuciosos con la recolección y procesamiento de la información. Por la misma naturaleza de la Internet, la copia y reproducción de contenidos digitales les es favorable y natural. Eso abrió un espacio para la infracción de derechos de autor sin precedentes; incluso ha llegado a pronosticarse la desaparición de la industria discográfica o por lo menos como la conocemos. Los periodistas, publicistas y personas relacionadas con el medio del marketing, como sucede con muchas otras profesiones, deberán garantizar el uso y la apropiación de tecnología de forma no sólo legal sino también legítima”.

¿Cree usted que dicha ley diferencia con claridad hasta dónde van los derechos de autor y hasta dónde la libertad de expresión?
“Existe mucha desinformación al respecto, una ley en sí misma es incapaz de coartar un derecho como la libertad de expresión. Otra cosa distinta son los efectos de aplicación de la ley y allí es donde entran a ser primordiales los usos y costumbres en el receptor primario de las leyes; procesos como el de España o Francia donde la implementación de la ley sufrió duros reveses son la estructura lógica de organización alrededor de un proyecto tan polémico como este”.

¿Qué pasaría con sitios como Ares o Torrent que en la actualidad sirven para bajar contenido gratuito?
“Existen fallos importantes alrededor del mundo sobre sistemas de descargas P2P como Ares o E-Mule. Incluso hace muy poco se conoció un fallo importante de la Justicia Argentina sobre el portal Taringa, en el cual se declaró que los responsables del sitio son partícipes necesarios en la violación de artículos sobre leyes de protección de derechos de autor. Los sitios de descarga poco a poco han sido llevados a incomodas situaciones en los que en el futuro serán operativa y técnicamente bastante complicados de manejar. Lo que asestaría un último golpe sería que se desincentive la participación (redes) y se le resten sus atractivos que constituyen el acceso y la publicidad”.

¿Esta ley abre las puertas para que el Gobierno pueda espiar a los usuarios de Internet?
“Los artículos más polémicos del proyecto de ley son, entre otros, los artículos 3 y 15. La ponencia de primer debate en el Senado pretendió darle mayor claridad a asuntos grises u oscuros de la ley. El artículo 3 consagra la exoneración de responsabilidad para los OSP y el artículo 15 las condiciones para la orden definitiva de retiro de material. Ahora bien, nuestro país no suele ser el mecenas en asuntos de respetos de derechos fundamentales y ejemplos como lo sucedido en entidades como el DAS con las “chuzadas” y el Ejercito con los “falsos positivos”, realmente permiten tomar la expedición de una ley como esta con beneficio de inventario”.

En los dos últimos años el país ha sido escenario de un sinnúmero de proyectos de construcción en el sector de la hospitalidad.

El nuevo desarrollo de la hotelería en Colombia

Por:Felipe Velásquez Mosquera
Gerente de Producto División Recreación y Turismo Colsubsidio

Este beneficio tributario y las condiciones favorables de inversión han permitido la incursión de varias cadenas hoteleras internacionales que no operaban en Colombia, así como el desarrollo de nuevas marcas en las que ya estaban presentes. En los dos últimos años el país ha sido escenario de un sinnúmero de proyectos de construcción en el sector de la hospitalidad. Por eso actualmente éste registra uno de los mayores crecimientos en cuanto a la generación de mano de obra en todos los niveles organizacionales, gracias a lo cual se constituye en el tercer generador de ingresos del Producto Interno Bruto, superado sólo por las industrias petrolera y carbonera.

Cadenas internacionales como Hyatt, Marriott, NH Hoteles y Diplomat generan una nueva dinámica en el mercado doméstico con la apertura de hoteles de muy buen nivel, y las que ya tienen presencia, como IHG, Hilton y Accor, incursionan con nuevas marcas para satisfacer a viajeros y turistas de diferentes perfiles.

En los dos últimos años el país ha sido escenario de un sinnúmero de proyectos de construcción en el sector de la hospitalidad.

¿Qué pasa con la Hotelería Nacional?

Las cadenas locales, especialmente en el turismo de negocios, han dado un paso importante en la consolidación de estándares de operación, finanzas, comercialización y recurso humano. Por eso hay grupos como el GHL Hoteles, con desarrollo multimarca y presencia en otros cuatro países de la región, que opera en Colombia con marcas como Sonesta y Sheraton. La cadena Estelar es otra organización que ha incursionado en el ámbito internacional; actualmente desarrolla operaciones en Perú. Las cadenas Dann y Royal siguen estos mismos pasos con exitosas operaciones en Ecuador (Royal tiene la exclusividad para el desarrollo de la marca Radisson en Colombia y Ecuador). En este proceso también se destacan compañías como Blue Doors Hotels, Sociedad Hotelera Tequendama (operador del Crowne Plaza) y Hoteles Cosmos 100, que recientemente expandió su marca con dos hoteles más en Bogotá.

Numerosos hoteles independientes empiezan a tomar conciencia de la importancia de un trabajo articulado, según lo ratifica Cotelco -ente gremial del sector-, que actualmente apoya este desarrollo mediante programas de certificación por competencias.

Respecto al mercado del turismo de descanso, Hoteles Decameron es líder en el manejo del concepto ‘todo incluido’. Dispone de varias infraestructuras en el Caribe Colombiano y tres hoteles más en el interior; además, tiene presencia en Panamá, El Salvador, Jamaica, México, Ecuador, Perú y África (con tres hoteles en este continente).

Siguiendo el mismo concepto de Decameron, incursiona en este negocio la cadena Solar, que tiene en su portafolio infraestructuras tanto para el descanso como para el mercado corporativo.

Sin duda, la hotelería en Colombia ha ganado participación. Sin embargo, es necesario reforzar algunos factores como la infraestructura y el acceso para poder competir de igual a igual con países como México, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica y algunas islas del Caribe, donde la presencia de cadenas internacionales es algo que se da de mucho tiempo atrás.